Ana María Gazmuri:“Un Estado que persigue y castiga. Abuso y criminalización a usuarias/os de Cannabis”

Saludamos el nacimiento de esta nueva plataforma ciudadana, SOMOS, enfocada en la búsqueda de la reconexión de lo social con lo político, vínculo quebrantado por este sistema neoliberal extremo, frente al cual hoy nos revelamos. Los nuevos tiempos exigen la creación de estos espacios que convoquen y articulen el trabajo político ciudadano, asumiendo las demandas sociales como eje rector y principio movilizador del desafiante camino que debemos recorrer.

Abrazamos y hacemos propio el anhelo planteado por los gestores de esta nueva plataforma, compartimos plenamente lo planteado por nuestro amigo y compañero, Felipe Pavez (SOMOS), cuando dice que “el futuro de nuestra matriz dependerá del compromiso político y ciudadano para superar faenas nocivas para el planeta”.

Y es en este ámbito donde aparece la urgencia de posicionar en el debate nacional e internacional la reconversión de la industria energética y cárnica, así como en la superación de elementos nocivos y poco sustentables que arrastra la industria agropecuaria.

Siendo todos estos temas urgentes y relevantes, hoy quiero reflexionar con ustedes sobre aquel al que he dedicado por completo los últimos ocho años de mi vida; el uso medicinal del cannabis y su urgente implementación, respetando y fomentando todas las vías de acceso, en nuestra América Latina. Y para comprender este urgente desafío, deben analizarse dos aspectos, fundamentales y complementarios entre sí.

El primero tiene relación por la ardua lucha por la defensa del derecho que como seres humanos nos asiste, el derecho al cultivo personal y colectivo del cannabis para fines personales, todos ellos válidos, pero particularmente para su uso medicinal. Porque han sido las comunidades y los colectivos conformados por pacientes y cultivadores, médicos y terapeutas, los que, desafiando el enfoque punitivo y criminalizador impulsado por EEUU y su fatal guerra a las drogas, impuesta al mundo entero, quienes han abierto este camino de alivio y bienestar, tanto en México como en Argentina, en Perú como en Chile, en Brasil, Paraguay y Ecuador. Paradójicamente, a pesar de que la prohibición sigue vigente a nivel federal, EEUU cuenta con 33 Estados que han regulado el uso medicinal y 11 Estados el uso adulto. Colombia sin duda nos lleva la delantera, teniendo despenalizado el uso personal de hasta 20 plantas, muchos años antes incluso de tener su actual normativa para la industria del cannabis medicinal, perfilándose ésta como uno de los pilares de su recuperación económica pos pandemia. Uruguay también nos señala un camino que ya hoy tiene grandes resultados.

Pero la realidad es que si hoy sabemos del uso medicinal del cannabis es gracias a estos colectivos que, sin importar el riesgo de ser perseguidos, allanados sus domicilios, sin importar el peligro de ser víctimas de procesos cargados de violencia policial, tristemente comunes en nuestra región, se han empeñado en organizarse y trabajar por el derecho a cultivar esta milenaria planta medicinal. Porque ha sido el autocultivo la herramienta terapéutica que ha permitido aliviar el sufrimiento y devolver sonrisas a miles de familias latinoamericanas, porque ha sido el autocultivo y los cultivos colectivos los que nos ha permitido comenzar a tejer esta gran red solidaria, que traspasa fronteras, revelándose frente a la indolencia colectiva, alzándose como un solo cuerpo para defender nuestra autonomía, nuestra soberanía y libertad terapéutica. Como decía nuestra gran Violeta Parra, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras.

Pero esta travesía, más allá de sus aspectos emancipadores y su claro aporte a la salud pública de nuestros países, ha tenido el triste sello de una continua y cotidiana vulneración de derechos de usuarios y pacientes, recibiendo todo el impacto de un Estado que persigue y castiga, aun cuando no hay crimen alguno. Aunque cueste creerlo, esto ocurre incluso contando con una prescripción médica y el acompañamiento de un equipo terapéutico, a pesar de que, como es el caso chileno, la ley señale expresamente que estos actos no son punibles. Esta persecución en tiempos de pandemia ha afectado con especial intensidad a madres y mujeres que ejercen su derecho a cultivar cannabis, quienes sufren una situación de abuso y criminalización cargada de violencia de género. Muchas de las denuncias que a ellas afectan, son realizadas por sus ex parejas, para afectar la honra y menoscabar los derechos de las madres sobre sus hijos y sus correspondientes pensiones de alimentos, o incluso, la tuición de los menores. Mis saludos hoy a Pamela Navarro, a María Hormazabal, a María José Peña, a Pamela Córdova, a María José Muñoz, a Roxana Soto, a Ana María Zúñiga, a Mariana Escobar, a Ximena Scanda, a Sara Saavedra, a Adriana Tessini, a Mónica Ramírez, a Natalia Navia y tantas más que, solo este año 2020, han sido perseguidas por el Estado de Chile solo por ejercer su derecho a cultivar cannabis para su uso medicinal.

Un sentido homenaje quiero hacer hoy a Vilda Meza, mujer costurera de Doñihue, madre abnegada, mujer cálida y alegre, parapléjica, con una neuropatía crónica refractaria a todos los tratamientos convencionales, que había encontrado en el uso de esta planta algo del alivio para su difícil condición. Paciente emblemática de Fundación Daya, fue violentamente allanada y despojada de su tratamiento. Murió tres días antes de conocerse su sobreseimiento definitivo, sin poder cumplir su sueño de ver su honra restituida, sin poder comenzar su nuevo cultivo, como anhelaba, una vez decretada su inocencia.

Como vemos, es la violencia de este modelo patriarcal profundamente neo liberal con toda su inhumanidad el principal escollo que seguimos enfrentando, en este camino, que, por otra parte, nos ha traído inmensas satisfacciones, redescubriendo la potencia del trabajo colectivo, que no conoce fronteras, en la búsqueda de caminos de alivio y bienestar. Urge entonces garantizar la salud, la dignidad y la seguridad de miles de usuarios, regulando a la altura que los tiempos exigen. Y eso no es posible sino se contemplan las tres vías de acceso al uso del cannabis; el autocultivo, los cultivos colectivos o asociativos, y los fitofármacos de bajo costo.

Porque sin duda debemos abarcar el desarrollo de la producción de cannabis como elemento central de una nueva matriz productiva, respetuosa del medio ambiente, sustentable, generando así un nuevo polo de desarrollo y generación de empleo, que tan urgentemente se requerirá en Chile. Y resulta que tenemos las mejores condiciones geográficas, climáticas y de seguridad fitosanitaria para ejercer un liderazgo mundial en la producción de Cannabis y del cáñamo industrial, liderazgo que ya hemos ejercido en la región al contar con la primera planta de cultivo de cannabis medicinal legal de Latinoamérica. Esto se complementa con la más amplia experiencia clínica al encontrarse en nuestro país con el primer Centro Médico Cannábico de la región, con más de 63.000 pacientes atendidos durante sus años de existencia, pacientes no solo de Chile sino también de países vecinos.  Es por esto que no es de ninguna manera aceptable una neo colonización del cannabis, no es aceptable una industria que pretenda conculcar los derechos individuales y colectivos que nos asisten en justicia, para así poder imponerse. La industria debe ser un complemento para ampliar y garantizar el acceso, comprometida con la búsqueda del bien común.

Esta planta versátil solo en 2019 generó 90.000 empleos en EEUU y en los países latinoamericanos ya se considera esta industria como aquella que pueda ayudar a reactivar la economía. De la planta de Cannabis y el Cáñamo, en su versión industrial ya se desarrollan productos altamente útiles para la vida y lo que es más importante para el buen vivir del ser humano y el bienestar del planeta. Estos productos, medicamentos en base a cannabis, bio-plásticos, hormigón, paneles y ladrillos de construcción con gran capacidad de aislación, papel, fibra, aceites, biocombustibles, cosméticos, suplementos alimenticios con alta concentración proteica, son capaces de reemplazar muchas industrias altamente contaminantes para el planeta y tóxicas para el ser humano.

Tenemos la oportunidad de impulsar una nueva industria cuya matriz se inspire en la economía del bien común, integrando en la cadena de valor el respecto al medioambiente, la inclusión social, la justicia en la distribución de la riqueza y la equidad para el acceso a medicinas al alcance de todos. Estamos en un punto de inflexión donde toda actividad humana debe generar bienes públicos si queremos corregir el camino recorrido que nos ha llevado a esta crítica situación como humanidad y planeta. Necesitamos que el amor y la compasión impregnen todos nuestros actos, tanto públicos como privados, necesitamos juntos construir un mundo más amable y generoso, y en Chile debemos comenzar por un nuevo trato, por eso, hoy estamos con el corazón puesto en lograr una alegre y multitudinaria mayoría por APRUEBO, CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL.

Ana María Gazmuri V.

Directora Ejecutiva Fundación Daya